domingo, 14 de diciembre de 2008

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LA LEY DE LA SELVA O EL ARTE DEL MAL GOBIERNO
En el mes de las olimpiadas, el Perú ha estado en la noticia de las principales cadenas y diarios del mundo. No precisamente por haber ganado alguna medalla en Beijing. Desde CNN, la BBC o Al Jazzera hasta Le Monde, The Bangkok Post, The New York Times, Clarín o Le Temps, la prensa mundial ha informado sobre la tensión social y nacional por el conflicto de tierras indígenas en la Amazonía.
La imagen: Un gobierno que violando su Constitución y el derecho internacional legisla para promover la privatización de ancestrales tierras comunales, con el objetivo de inducir su venta a consorcios internacionales petroleros y gasíferos. Nada más y nada menos. Es decir un gobierno hundido en el pasado de la explotación no sustentable de los recursos naturales de su propio país y reacio a entrar a la modernidad que implica el respeto a la identidad cultural de las comunidades nativas y al derecho de participar en las decisiones que afectan sus tierras. Una suerte de lucha entre las prácticas más oprobiosas de la explotación indígena del pasado y las nuevas prácticas de la modernidad y la democracia que promueven la inversión y el desarrollo con respeto de los derechos indígenas.
Todos los peruanos queremos que la inversión crezca en el Perú. Que podamos convertirnos en un país exportador de petróleo y gas, satisfechas reservas y necesidades internas. Y no hay duda que la voluntad nacional ansía que los siempre postergados y marginados peruanos y peruanas de la Amazonía deben ser beneficiarios y actores directos del desarrollo sustentable de la selva. Pero las erráticas e incompetentes decisiones del gobierno atentan contra todo ello. Hay una contumacia en hacer las cosas mal.
El Perú puede y debe conciliar la inversión en la selva con respeto y promoción de los derechos y aspiraciones de las comunidades indígenas. Ello implica sabiduría en la acción de gobierno para transformarla en gobernanza. El gobierno son las decisiones de las autoridades electas, buenas o malas. La gobernanza es la acción de gobierno fortalecida por la legitimidad de la consulta, el diálogo social y ciudadano, la negociación y el consenso. En el gobierno se puede tomar, como es el caso actual, decisiones que favorecen sistemáticamente a los ricos. En la gobernanza se concilia los intereses de todos. Y en un país como el Perú, tan desigual, ese equilibrio entre los intereses de todos debe hacerse con atención preferente de los pobres, los marginados, los excluidos.
La Ley de la Selva ha violentado los Arts. 2 y 89 de la Constitución, el Convenio 189 de la OIT, el Art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Arts. 8, 18,19 y 32 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un “pedigree” nada democrático. Si se observa la ley que la deroga, se violentará también la voluntad nacional y los consensos internacionales.
Fuente: La Primera (26 de agosto de 2008)

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PERÚ: LA POBREZA EMPIEZA POR LA INFLACIÓN ALIMENTARIA
Más allá de la cuestionada metodología del INEI para afirmar que la pobreza en el Perú disminuyó al 39.3 en el año 2007, lo cierto es que el alza de los alimentos –debido a factores externos e internos– producirá el 2008 un fuerte incremento del número de familias pobres.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo la pobreza en el Perú antes del alza de los alimentos ascendía a la altísima cifra del 44.2% de la población. Por el impacto de la inflación alimentaria, el BID proyecta un aumento de la pobreza en el país hasta el 49.5%. Este negro escenario, con la mitad de la población en situación de pobreza, desgarraría más aún la ya débil cohesión social de la sociedad peruana y los precarios equilibrios entre el campo y la ciudad, las regiones y Lima.
No es ni lo razonable ni lo deseable para la estabilidad política y la gobernanza. Menos aún para mantener la paz social y la estabilidad de las inversiones. Pero es la realidad. Frente a ella, hay que actuar con responsabilidad política, capacidad técnica, sentimiento nacional y sensibilidad social.
Para impedir el aumento de la pobreza y mantener los niveles actuales, es indispensable que los gobiernos transfieran porcentajes importantes de su PBI a las familias pobres para que puedan preservar sus niveles de consumo de alimentos –ya precarios– en el mismo nivel que tenían antes de la crisis. El BID ha hecho una simulación del porcentaje que se debe transferir para impedir el aumento de la pobreza, en función del grado de vulnerabilidad de cada país. El caso más grave es el de Haití. Debería transferir a los pobres el 12.12 de su PBI. El país que lo sigue es el Perú. Con una vulnerabilidad mayor que la de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador u Honduras. Debemos transferir a los pobres el 4.43 del PBI para impedir que la pobreza crezca –como está creciendo estos días– hasta alcanzar el 49.5 de la población.
Es un caso de emergencia nacional. ¿De qué serviría el crecimiento de 8% si los pobres van a aumentar hasta abarcar la mitad de la población? Hay que establecer una política de emergencia y consenso nacional –con todas las fuerzas políticas– de lucha contra la pobreza que permita transferir con eficiencia y equidad ese 4.43 % adicional del PBI a las familias pobres. Hoy más que nunca hay que dejar de lado el copamiento partidario de los programas y otorgarle a la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza facultades mayores en la elaboración, ejecución y fiscalización de los programas sociales.
En este contexto aparecen dos prioridades de interés nacional: incrementar de manera sustancial la transferencia directa de dinero a las familias pobres como el medio más efectivo de dotarlas de un presupuesto mínimo que les permita una alimentación por encima de la línea de la pobreza. Y, asegurar a los más pobres el acceso gratuito a la atención médica digna y eficaz, incluida la provisión de medicamentos.
Fuente: La Primera (19/08/08)

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OSETIA DEL SUR Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL
“Todos los estados garantizamos la soberanía de Georgia” dijo el Presidente Bush en mayo del 2005, durante una visita oficial a Tbilissi. No era para menos, Georgia aportó más de 2,000 efectivos a las fuerzas de ocupación en Irak, el más grande contingente fuera de los EEUU e Inglaterra.
Georgia tiene importancia político-estrategia: su ideal ubicación geográfica entre Asia Central, Europa, el mar Caspio y el mar Negro. Atraviesan el país, además, 260 kilómetros del oleoducto Bakou-Tbilissi-Ceyham, que transporta el petróleo del mar Caspio hasta Turquía. El Presidente georgiano Mikheil Saakashvili desde su elección, el 2003, impulsa una relación preferencial con los EEUU y la integración de Georgia a la OTAN. Para Rusia estos movimientos romperían el equilibrio estratégico en Europa.
Desde su separación de la Unión Soviética, Georgia afronta la lucha secesionista de las provincias de Osetia del Sur y Abkhazie. En 1991 se proclamó unilateralmente la República Independiente de Osetia del Sur. En 1992 la independencia obtuvo el 99.75% de los votos y se estableció una fuerza de mantenimiento de la paz rusa. En mayo del 2006 otro referéndum confirmó su voluntad de integrarse a Rusia. Sin embargo, Moscú evitó cuidadosamente pronunciarse sobre la independencia de ambas regiones. Sólo en abril del 2008, cuatro meses después que EEUU, Francia, Alemania e Inglaterra reconocieron la cuestionada independencia de Kosovo, el gobierno ruso decidió establecer relaciones oficiales con Osetia del Sur y Abkhazie.
El 7 de agosto se agudizan los enfrentamientos entre Georgia y los separatistas. Al día siguiente, el presidente Saakashvili ordena una ofensiva militar terrestre y área “para restablecer el orden en la región”. Sus cálculos no eran exactos. La masiva acción militar lejos de “estabilizar” , produjo la intervención de Moscú. Las tropas rusas han tomado el control de las dos provincias separatistas y ayer se anunció que estaban en territorio de Georgia.Saakashvili ha debido recordarle al presidente Bush sus promesas de mayo del 2005 sobre la defensa de la soberanía de Georgia.
Pero más allá de declaraciones que condenan la acción militar rusa - ciertamente más fuertes que las obtenidas en Europa - el margen de acción de los Estados Unidos es extremadamente limitado. Lo más probable es que se reduzca a apoyar los buenos oficios que ha iniciado el Canciller francés Bernard Kouchner. París ya ha elaborado un plan de paz que propugna el retiro de las fuerzas militares rusas y georgianas, el establecimiento de un corredor humanitario y el cese del fuego.
Dos conclusiones preliminares. En un mundo apolar de transición no se puede soslayar el derecho internacional (caso Kosovo) sin pagar (caso Georgia). Después del 8 de agosto el ajedrez de la seguridad mundial y europea ya no será el mismo.
Fuente: La Primera (12/8/08)

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FRACASO EN DOHA: LOS SUBSIDIOS AGRICOLAS SEGUIRÁN
Después de siete años la Ronda de Doha ha fracasado en su intento de avanzar en la liberalización del comercio agrícola y los bienes industriales. La lúcida y perseverante diplomacia brasileña –de alianzas múltiples y presión por el máximo cambio posible– estuvo a punto de lograr un acuerdo que avanzaba en el reequilibrio de las ganancias y pérdidas en el comercio mundial. Se hubiese equilibrado, también, el TLC del Perú con los Estados Unidos.

Al 29 de julio se habían acordado 18 de los 20 temas de la agenda negociadora. Entre ellos el quid pro quo entre los países desarrollados y los en desarrollo: EEUU y la Unión Europea aceptaron reducir en 70% y 80%, respectivamente, los subsidios a sus productores agrícolas. Para Washington significaba bajar el tope de sus subsidios de 17,000 millones dólares a 14,500. En contrapartida, los países emergentes (China, India, Brasil) se comprometían a rebajar sus aranceles de productos industriales en un 23%. El “acuerdo imposible” buscado desde el 2001 se había logrado.

Para el Brasil significaba aumentar anualmente sus exportaciones agrícolas en aproximadamente 3,200 millones de dólares agrícolas. La fórmula aunque no en topes maximalistas beneficiaba a todos los países en desarrollo, especialmente a los más pobres, pues se habían acordado tratos preferenciales no desdeñables.

En ese escenario irrumpió la crisis e inflación alimentaria. Muchos países en desarrollo han aprendido o ratificado que la seguridad alimentaria obliga a proteger a sus pequeños agricultores de masivas importaciones de alimentos. Su preocupación encajaba con la discusión del Mecanismo de Salvaguardia Especial. Técnicamente una cláusula de protección que permitiría a los países en desarrollo aumentar los aranceles si sus importaciones agrícolas crecen mucho. Sobre la cláusula había acuerdo. El problema era fijar el detonador de su aplicación. Los emergentes planteaban fuera el 10% de aumento en las importaciones. EEUU y la Unión Europea exigieron un 40%. Pascal Lamy, Director General de la OMC como última carta planteó el 30%. No fue aceptado por los Estados Unidos ni por China e India. La ronda colapsó el mismo 29 de julio.

Para Fred Bergsten, director del Instituto Peterson, se trata del inicio de una nueva era de proteccionismo. Sin ir tan lejos, lo cierto es que cada vez son más los países desarrollados o en desarrollo que no quieren liberalización agrícola sin seguridad alimentaria.

Al Perú, que no estuvo entre los 7 países que negociaron en primera línea ni entre los 36 que lo hicieron en la retaguardia, el fracaso de Doha lo afecta seriamente. El TLC que excluyó normas sobre la reducción de las subvenciones agrícolas estadounidenses, seguirá siendo liberalización agrícola para el Perú y proteccionismo agrícola para los Estados Unidos. La inflación alimentaria despeja su camino.

Fuente: La Primera (5/08/08)

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LA PATRIA Y LA NACIÓN
¿Qué son las Fiestas Patrias? Las Fiestas Patrias son un acto simbólico de reafirmación de la identidad nacional de todos los peruanos y peruanas. Independientemente de sus orígenes étnicos y culturales, de sus contextos sociales, de su peruana pobreza o su peruana riqueza.

Sobre esa pluralidad cultural y a pesar de una inaceptable desigualdad, la Nación peruana se ha construido en el tiempo. En sus momentos de gloria y creación y en sus momentos de tragedia y desconsuelo. En la bandera peruana que preside las fiestas más humildes de los campesinos de Quispicanchis. Y en los sentimientos de pertenencia de empresarios nacionales que invierten seguros de hacer patria. En la lucha de trabajadores y pobladores para que la patria los incluya.

Así el Perú, la Nación, se ha desarrollado en su propia historia. Afirmando el sentimiento de pertenencia y adhesión nacional, a pesar que la mayoría de la población ha sido excluida del poder que da acceso al estado y de la riqueza minima que produce el bienestar. Por eso hay que admirar la adhesión nacional de los pobres y los excluidos, que teniendo nada o muy poco han contribuido y contribuyen generosamente al destino del Perú. En la historia de la propiedad, la única propiedad de los pobres es el territorio nacional, su patria, su nación.

Con la globalización, estados, patrias y naciones no van desaparecer. Ni van a ser sustituidos por los mercados, como algunos creen. No hay una decisión del mercado que no afecte o premie a un país u otro, a un grupo social u otro. Los mercados se articulan en economías nacionales.En la globalización el Perú no debe diluirse ni reducirse a un territorio aduanero al que hay que quitarle todos los aranceles a cambio de nada.

En la globalización el Perú debe realizarse. La determinación nacional es un factor de competividad del Estado y las empresas nacionales.
Para que la promesa de la vida peruana de la que habló Basadre se realice en la globalización, la acción de gobierno no se debe desnacionalizar. Al contrario, debe responder siempre a un referente nacional histórico, económico, sociológico y cultural. Si no es así, no se podrá entender que la primera tarea que demanda la patria es disminuir fuertemente la desigualdad y desterrar la exclusión de millones de peruanos y peruanas. Hay que generar riqueza, crecer, pero con el objetivo de redistribuir. Hay que bajar el índice Gini de desigualdad en por lo menos tres puntos. Hay que romper la cadena de la transmisión hereditaria de la pobreza, que ofende a la patria. Hay que darle a la Nación una base de sustentación histórica y democrática basada en la cohesión social.


Fuente: La Primera (29/7/08)

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LA MEDITERRANEIDAD DE BOLIVIA:¿UN ASUNTO BILATERAL O TRILATERAL?
En los últimos años de manera intermitente se difunde la idea de un enfoque tripartito para encontrar una solución a la mediterraneidad de Bolivia. Es un error conceptual, histórico y político. Pero lo es también y de mayor envergadura desde la perspectiva del proceso negociador que se requiere para hacer realidad la justa aspiración de Bolivia.
Las partes implicadas en la mediterraneidad boliviana se derivan de los hechos que le dieron origen. Son dos: Chile, que ganó la guerra del Pacífico y que se anexó el litoral boliviano y Bolivia, que lo perdió como consecuencia de haber sido vencida. Como lo señaló el Plenipotenciario de Chile en La Paz, Abraham Koning, en su nota del 13 de agosto de 1900, a la cancillería boliviana: “Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena…que el litoral es rico y vale millones, eso ya lo sabemos. Lo guardamos porque vale; que si nada valiera, no habría interés en su conservación”.
Este es el origen del problema y la razón del por qué se trata de un asunto bilateral que concierne a Chile y a Bolivia. El Perú no es una de las partes en esta lamentable situación que compromete las posibilidades de desarrollo del pueblo boliviano.
El Perú sí puede estar involucrado en la solución, pero dependiendo del tipo de entendimiento que puedan negociar Chile y Bolivia. No es cierto que la única solución técnica sea por un corredor al norte de Arica. La propuesta de Bolivia, formal y pública, que hiciera a Chile el 18 de abril de 1987 así lo demuestra. Propuso una alternativa, la citada posibilidad del acceso al mar a través de un corredor por Arica o un enclave con tres posibilidades geográficas: Caleta de Camarones, Tocopilla y Caleta Michilla.
El Perú sólo se involucra si la solución que se negocie fuese por Arica. En este caso, según el Tratado de 1929 Chile no puede asumir la decisión “sin previo acuerdo” con el Perú. No se trata de una simple consulta para aceptar o denegar, sino de un proceso negociador que debe llevar al establecimiento de un acuerdo.
El Perú, llegado el caso, debería asumir una actitud constructiva, comprensiva y positiva con la justa causa boliviana, resguardando al mismo tiempo, con responsabilidad, los derechos que el Tratado de 1929 le otorga, sus intereses marítimos en la zona y los requerimientos del desarrollo socio-económico de Tacna y de su población. En esta instancia, sí sería legítimo y positivo pensar, adicionalmente, en proyectos trilaterales de desarrollo.
Fuente: La Primera (22/07/08)

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EUROPA ENDURECE SU POLÍTICA MIGRATORIA
La directiva del retorno que criminaliza a los inmigrantes irregulares es sólo un componente de la política migratoria que aprobará el Consejo Europeo el próximo 15 de octubre. Francia ha asumido el liderazgo de este proceso. Su ministro del Interior, Brice Hortefeux, logró el 7 de julio en Cannes el respaldo de los 27 a su proyecto de “Pacto Europeo de Inmigración y Asilo”, aunque con importantes flexibilizaciones promovidas por España, Alemania y los escandinavos.

El proyecto define, por primera vez, una política comunitaria de inmigración y asilo, basada en el controvertido principio restrictivo de la migración “escogida” o “selectiva”. Contiene cinco áreas de acción: organizar la inmigración legal en función de las necesidades del mercado de trabajo, luchar contra la inmigración ilegal y organizar las expulsiones, aumentar el control de las fronteras, definir una política común de asilo y crear una asociación con los países de origen y tránsito.

El texto inicial francés contenía dos disposiciones extremas que preocuparon a sus socios, particularmente a España. La prohibición de las regularizaciones de irregulares y la exigencia a los nuevos inmigrantes regulares de suscribir con el país receptor un compromiso de integración, plagado de imperativos y obligaciones.España consideró que ambos componentes eran inaceptables.

El primero porque iba en contra de su propia política de migraciones (más flexible) y el segundo por contrariar los derechos humanos. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, logró que sólo se prohíba las regularizaciones generales y que se admitan las que se hagan caso por caso (que pueden ser masivas) y que se elimine el criticado compromiso de integración, aunque subsisten normas que podrían utilizarse para exigencias similares.
América Latina institucionalmente debe presionar para negociar una gobernanza global de las migraciones, compatible con sus intereses y el respeto a los derechos humanos. Pero aún está muy lejos de ello.

La Unión Europea a partir de las gestiones del Canciller de Bolivia en Bruselas, seguidas de inmediato por las del Canciller del Perú, ha expresado su voluntad de diálogo para explicar, pero no para negociar. Así las cosas, es un hecho seguro que en octubre el Consejo aprobará el “Pacto Europeo de Inmigración y Asilo”. La inmigración latinoamericana sufrirá el doble impacto de la aplicación de sus normas y de la criminalización de la inmigración irregular que impone la directiva del retorno. Europa pasa a una política más restrictiva que la de los Estados Unidos en materia de migraciones.

Fuente: La Primera (15/7/08)