EUROPA ENDURECE SU POLÍTICA MIGRATORIALa directiva del retorno que criminaliza a los inmigrantes irregulares es sólo un componente de la política migratoria que aprobará el Consejo Europeo el próximo 15 de octubre. Francia ha asumido el liderazgo de este proceso. Su ministro del Interior, Brice Hortefeux, logró el 7 de julio en Cannes el respaldo de los 27 a su proyecto de “Pacto Europeo de Inmigración y Asilo”, aunque con importantes flexibilizaciones promovidas por España, Alemania y los escandinavos.
El proyecto define, por primera vez, una política comunitaria de inmigración y asilo, basada en el controvertido principio restrictivo de la migración “escogida” o “selectiva”. Contiene cinco áreas de acción: organizar la inmigración legal en función de las necesidades del mercado de trabajo, luchar contra la inmigración ilegal y organizar las expulsiones, aumentar el control de las fronteras, definir una política común de asilo y crear una asociación con los países de origen y tránsito.
El texto inicial francés contenía dos disposiciones extremas que preocuparon a sus socios, particularmente a España. La prohibición de las regularizaciones de irregulares y la exigencia a los nuevos inmigrantes regulares de suscribir con el país receptor un compromiso de integración, plagado de imperativos y obligaciones.España consideró que ambos componentes eran inaceptables.
El primero porque iba en contra de su propia política de migraciones (más flexible) y el segundo por contrariar los derechos humanos. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, logró que sólo se prohíba las regularizaciones generales y que se admitan las que se hagan caso por caso (que pueden ser masivas) y que se elimine el criticado compromiso de integración, aunque subsisten normas que podrían utilizarse para exigencias similares.
América Latina institucionalmente debe presionar para negociar una gobernanza global de las migraciones, compatible con sus intereses y el respeto a los derechos humanos. Pero aún está muy lejos de ello.
América Latina institucionalmente debe presionar para negociar una gobernanza global de las migraciones, compatible con sus intereses y el respeto a los derechos humanos. Pero aún está muy lejos de ello.
La Unión Europea a partir de las gestiones del Canciller de Bolivia en Bruselas, seguidas de inmediato por las del Canciller del Perú, ha expresado su voluntad de diálogo para explicar, pero no para negociar. Así las cosas, es un hecho seguro que en octubre el Consejo aprobará el “Pacto Europeo de Inmigración y Asilo”. La inmigración latinoamericana sufrirá el doble impacto de la aplicación de sus normas y de la criminalización de la inmigración irregular que impone la directiva del retorno. Europa pasa a una política más restrictiva que la de los Estados Unidos en materia de migraciones.
Fuente: La Primera (15/7/08)
