Más allá de la cuestionada metodología del INEI para afirmar que la pobreza en el Perú disminuyó al 39.3 en el año 2007, lo cierto es que el alza de los alimentos –debido a factores externos e internos– producirá el 2008 un fuerte incremento del número de familias pobres.
Para el Banco Interamericano de Desarrollo la pobreza en el Perú antes del alza de los alimentos ascendía a la altísima cifra del 44.2% de la población. Por el impacto de la inflación alimentaria, el BID proyecta un aumento de la pobreza en el país hasta el 49.5%. Este negro escenario, con la mitad de la población en situación de pobreza, desgarraría más aún la ya débil cohesión social de la sociedad peruana y los precarios equilibrios entre el campo y la ciudad, las regiones y Lima.
No es ni lo razonable ni lo deseable para la estabilidad política y la gobernanza. Menos aún para mantener la paz social y la estabilidad de las inversiones. Pero es la realidad. Frente a ella, hay que actuar con responsabilidad política, capacidad técnica, sentimiento nacional y sensibilidad social.
Para impedir el aumento de la pobreza y mantener los niveles actuales, es indispensable que los gobiernos transfieran porcentajes importantes de su PBI a las familias pobres para que puedan preservar sus niveles de consumo de alimentos –ya precarios– en el mismo nivel que tenían antes de la crisis. El BID ha hecho una simulación del porcentaje que se debe transferir para impedir el aumento de la pobreza, en función del grado de vulnerabilidad de cada país. El caso más grave es el de Haití. Debería transferir a los pobres el 12.12 de su PBI. El país que lo sigue es el Perú. Con una vulnerabilidad mayor que la de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador u Honduras. Debemos transferir a los pobres el 4.43 del PBI para impedir que la pobreza crezca –como está creciendo estos días– hasta alcanzar el 49.5 de la población.
Es un caso de emergencia nacional. ¿De qué serviría el crecimiento de 8% si los pobres van a aumentar hasta abarcar la mitad de la población? Hay que establecer una política de emergencia y consenso nacional –con todas las fuerzas políticas– de lucha contra la pobreza que permita transferir con eficiencia y equidad ese 4.43 % adicional del PBI a las familias pobres. Hoy más que nunca hay que dejar de lado el copamiento partidario de los programas y otorgarle a la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza facultades mayores en la elaboración, ejecución y fiscalización de los programas sociales.
En este contexto aparecen dos prioridades de interés nacional: incrementar de manera sustancial la transferencia directa de dinero a las familias pobres como el medio más efectivo de dotarlas de un presupuesto mínimo que les permita una alimentación por encima de la línea de la pobreza. Y, asegurar a los más pobres el acceso gratuito a la atención médica digna y eficaz, incluida la provisión de medicamentos.
Fuente: La Primera (19/08/08)
