En el mes de las olimpiadas, el Perú ha estado en la noticia de las principales cadenas y diarios del mundo. No precisamente por haber ganado alguna medalla en Beijing. Desde CNN, la BBC o Al Jazzera hasta Le Monde, The Bangkok Post, The New York Times, Clarín o Le Temps, la prensa mundial ha informado sobre la tensión social y nacional por el conflicto de tierras indígenas en la Amazonía.
La imagen: Un gobierno que violando su Constitución y el derecho internacional legisla para promover la privatización de ancestrales tierras comunales, con el objetivo de inducir su venta a consorcios internacionales petroleros y gasíferos. Nada más y nada menos. Es decir un gobierno hundido en el pasado de la explotación no sustentable de los recursos naturales de su propio país y reacio a entrar a la modernidad que implica el respeto a la identidad cultural de las comunidades nativas y al derecho de participar en las decisiones que afectan sus tierras. Una suerte de lucha entre las prácticas más oprobiosas de la explotación indígena del pasado y las nuevas prácticas de la modernidad y la democracia que promueven la inversión y el desarrollo con respeto de los derechos indígenas.
Todos los peruanos queremos que la inversión crezca en el Perú. Que podamos convertirnos en un país exportador de petróleo y gas, satisfechas reservas y necesidades internas. Y no hay duda que la voluntad nacional ansía que los siempre postergados y marginados peruanos y peruanas de la Amazonía deben ser beneficiarios y actores directos del desarrollo sustentable de la selva. Pero las erráticas e incompetentes decisiones del gobierno atentan contra todo ello. Hay una contumacia en hacer las cosas mal.
El Perú puede y debe conciliar la inversión en la selva con respeto y promoción de los derechos y aspiraciones de las comunidades indígenas. Ello implica sabiduría en la acción de gobierno para transformarla en gobernanza. El gobierno son las decisiones de las autoridades electas, buenas o malas. La gobernanza es la acción de gobierno fortalecida por la legitimidad de la consulta, el diálogo social y ciudadano, la negociación y el consenso. En el gobierno se puede tomar, como es el caso actual, decisiones que favorecen sistemáticamente a los ricos. En la gobernanza se concilia los intereses de todos. Y en un país como el Perú, tan desigual, ese equilibrio entre los intereses de todos debe hacerse con atención preferente de los pobres, los marginados, los excluidos.
La Ley de la Selva ha violentado los Arts. 2 y 89 de la Constitución, el Convenio 189 de la OIT, el Art. 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Arts. 8, 18,19 y 32 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un “pedigree” nada democrático. Si se observa la ley que la deroga, se violentará también la voluntad nacional y los consensos internacionales.
Fuente: La Primera (26 de agosto de 2008)
