SUDAMÉRICA Y LA DEFENSA DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA EN BOLIVIALa crisis boliviana parece ingresar a una fase de estabilización. La sedición habría fracasado y la institucionalidad democrática puesta a salvo. Y ello gracias al manejo sereno y prudente del gobierno boliviano, respetuoso del estado de derecho, y a la sólida reacción internacional sudamericana.
Es evidente que aún existen fuerzas dentro y fuera de la región que asimilan abusivamente la democracia a la preservación del statu quo económico y social. El “sistema” en este esquema no es la institucionalidad democrática, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la sujeción de los gobiernos al principio de legalidad. El sistema se asimila a la orientación neoliberal de la política económica. Además de ideologizado y arbitrario este enfoque está a contramano de las tendencias de la propia economía mundial. En Estados Unidos la caída estrepitosa de las hipotecas sub prime causante de la crisis financiera mundial, se originó por un exceso de neoliberalismo. La solución adoptada por la Reserva Federal se basa en la intervención del Estado en los mercados financieros, una suerte de neokeynesianismo.
Esas fuerzas dispuestas a sacrificar la democracia por la ideología, a nombre del sistema han estimulado en Bolivia la violencia y aún el separatismo para intentar un golpe de Estado.
La pregunta clave es ¿Qué es el sistema? Ciertamente no lo es ni una orientación política ni una orientación económica. En cualquier dirección, a la derecha, el centro o la izquierda. El único sistema definido no sólo en América Latina sino en las Américas, Europa, Asia y África como un bien jurídico internacionalmente protegido es la democracia, que implica estado de derecho y respeto a los derechos humanos. El antisistema es la opción contra la democracia y contra el estado de derecho. En Bolivia, el gobierno ha defendido el sistema democrático; la sedición, las fuerzas antisistema, han propiciado el golpismo, el ataque a la democracia.
En la región el respeto a la democracia es una obligación exigible. Frente a una ruptura o una alteración de la institucionalidad democrática, los gobiernos están obligados a defenderla y preservarla. Independientemente de la orientación política o económica del gobierno que vea peligrar su institucionalidad.
El ejercicio legítimo de esta acción individual y colectiva para defender la democracia ha gravitado decisivamente en la evolución de la crisis. Lo nuevo es la marcada autonomía de un impulso estrictamente sudamericano. Especialmente el tono inédito de la diplomacia brasileña. Apenas desatada la crisis, el Presidente Lula con pocas palabras dijo mucho: “Brasil no tolerará la ruptura del orden institucional en Bolivia”. Quizás con esta declaración comenzó a cambiar la historia del alineamiento de fuerzas en la crisis. Michelle Bachelet, al convocar sin dudas la Cumbre de UNASUR, ha contribuido a afirmar esta inédita esfera de autonomía regional. Ciertamente, antes que la OEA corresponde actuar al naciente organismo sudamericano, cuya creación impulsamos con ese propósito simbólicamente en el Cusco, el año 2004.
La Primera (16 de setiembre de 2008)
